Esta semana, el Gobierno firmó acuerdos con la UIA, cámaras empresarias y plataformas como Mercado Libre y Meta para intercambiar datos e identificar productos de origen ilegal. El esquema pone el acento en el comercio digital. Sin embargo, los empresarios señalan otro factor como principal motor del contrabando: la diferencia de precios entre los canales formal e informal, impulsada por la carga impositiva y los costos regulatorios, que lleva a los consumidores hacia el circuito irregular.
La electrónica reúne algunos de los indicadores más contundentes. De acuerdo con estimaciones del informe, que combina datos de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, la UIA, Afarte y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, entre otras entidades, uno de cada tres celulares vendidos en el país no fue importado legalmente ni fabricado en la Argentina. La proporción de teléfonos ingresados por contrabando pasó del 7% en 2023 al 35% en 2025: se multiplicó por cinco en dos años.
En la indumentaria, el comercio informal opera de otra manera. No existe un único punto de ingreso ilegal, sino una red de venta distribuida que funciona sin trazabilidad digital. La Salada, las ferias de Flores y otros mercados informales concentraron el 83% de las ventas de ropa del país en 2022.
La diferencia de precios es el principal impulso, sostiene el informe de Insight LAC. En esos circuitos, las prendas cuestan en promedio 3,7 veces menos que las mismas en el canal formal en línea; en algunos casos, la brecha alcanza 4,5 veces. La diferencia no se debe principalmente a la evasión impositiva directa, sino a los costos regulatorios que enfrenta el canal formal y que no recaen sobre el informal, como habilitaciones, etiquetado, trazabilidad y aportes patronales.
El tabaco presenta una particularidad estructural: en la Argentina, los cigarrillos pueden costar hasta tres veces más que en Paraguay, ya que los impuestos representan cerca del 80% del precio final. Esa brecha vuelve al norte del país, en especial a las provincias limítrofes con Paraguay y Bolivia, la zona más expuesta al ingreso de mercadería sin declarar.
A diferencia de lo que ocurre con la electrónica y la indumentaria, donde el comercio electrónico tiene alguna incidencia, el contrabando de tabaco depende casi exclusivamente de canales físicos tradicionales. Entre ellos figuran el cruce por pasos no habilitados, el reingreso de productos mediante el régimen de equipaje y su distribución en comercios minoristas con escasa visibilidad fiscal.
El estudio incluyó una encuesta de la UIA que consultó a los industriales qué medidas priorizarían para combatir el contrabando. Las respuestas moderaron el énfasis tecnológico del acuerdo firmado esta semana: el 33,2% pidió más controles aduaneros y el 31,5% reclamó una mayor fiscalización de la facturación. El control de las plataformas digitales quedó tercero, con el 15,1%.
Los canales por los que ingresa la mercadería irregular también remiten a circuitos tradicionales. Mayoristas, con el 26,4%; minoristas, con el 16,2%; y ferias, con el 8,6%, reúnen la mayor parte del flujo informal. Los mercados digitales y las plataformas internacionales, en conjunto, representan el 27% restante.
El debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales tiene límites que el sector señala con claridad. Según el informe, establecer una responsabilidad solidaria generalizada para los mercados digitales, una propuesta que gana espacio en algunas discusiones regulatorias, podría afectar a más de 31.000 vendedores y poner en riesgo hasta 47.000 empleos. También podría reducir el volumen del comercio electrónico entre un 1,1% y un 1,5%.
Ese régimen legal haría responsables a los mercados digitales, como Mercado Libre, por las irregularidades de los productos ofrecidos por terceros en sus sitios, sin que fuera necesario demostrar que la plataforma tuvo culpa o conocimiento del problema.
El estudio plantea que la agenda contra el contrabando requiere medidas que exceden los controles puntuales. Una de ellas es fortalecer la inteligencia aduanera mediante la integración de datos que ya poseen distintos organismos, como ARCA, la DGA, el INDEC y la CACE, pero que hoy no se cruzan de manera sistemática.
Otra propuesta es revisar los incentivos del régimen de envíos rápidos y los sistemas de homologación de productos, que en algunos casos abren oportunidades para el ingreso de mercadería con valores declarados por debajo de los reales. La tercera línea consiste en facilitar la formalización de los pequeños vendedores que operan en los márgenes del sistema, en lugar de considerarlos únicamente actores del delito.
