Durante la audiencia, el gremio se movilizó para exigir precisamente el pago de estas indemnizaciones. La manifestación tuvo lugar frente a la sede de la Comuna 1 y estuvo encabezada por Pablo Moyano y Marcelo ‘Feúcho’ Aparicio, secretario gremial del sindicato.
La propuesta de Camioneros se basa en lo que ellos denominan ‘Ley Moyano’, que establece un ‘uso y costumbre’ —sin respaldo legal— por el cual, al vencer una concesión, las empresas deben indemnizar a su personal y recontratarlo en la misma firma o en una similar. Esta medida ha sido implementada por el gremio desde 1998 con presión constante.
Se estima que el pago de indemnizaciones para los 6.000 trabajadores del sector ascendería a aproximadamente 200 millones de dólares. La inclusión de esta demanda en los pliegos modificaría el costo del servicio para los vecinos de la Ciudad.
‘Vamos a hacer lo imposible para que se pague ese logro histórico’, advirtió Pablo Moyano. Aunque han circulado rumores acerca de que el gremio podría interrumpir la recolección de residuos en la Ciudad durante la próxima visita del Papa como medida de presión, esta versión fue desmentida dentro del sindicato.
Durante la marcha, Camioneros presentó una nota firmada por Hugo y Pablo Moyano a la Ciudad, exigiendo que se incluyan las indemnizaciones en los pliegos, argumentando que son un ‘derecho adquirido’.
La exposición de las nuevas condiciones para la recolección de residuos estuvo a cargo de Matías Lanusse, secretario de Higiene. En la audiencia, se compartieron detalles sobre cómo se organizarán los servicios de recolección para el período 2028-2038.
Se anticiparon modificaciones en el esquema de pago a las empresas encargadas de la limpieza urbana. De acuerdo a lo que se indicó, parte de la remuneración dependerá del cumplimiento del servicio y de la evaluación que realicen los vecinos sobre la limpieza de sus calles.
El nuevo modelo contempla un componente fijo y otro variable en la remuneración. Para evaluar la prestación, se combinarán indicadores técnicos de cumplimiento, encuestas a vecinos y reclamos por limpieza en cada barrio. De esta manera, un desempeño inferior a los estándares del contrato resultará en un pago menor para las empresas.
Además, las contratistas deberán adoptar un rol activo en la presentación de propuestas innovadoras para mejorar el servicio en sus respectivas áreas asignadas.
Para controlar la prestación, el anteproyecto incluye el seguimiento satelital de los camiones, sensores de llenado en los contenedores y tecnología de procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial, lo que permitirá verificar recorridos, horarios y detectar acumulaciones de basura para una intervención oportuna.
Otra de las modificaciones apunta a la gestión de contenedores y cestos papeleros, con la propuesta de concentrar su provisión, reparación y reposición en un proveedor especializado, con el fin de optimizar tiempos y estándares de respuesta en toda la Ciudad.
Asimismo, se contempla la adaptación de los recorridos y frecuencias de recolección a la generación de residuos y características de cada barrio, considerando el flujo peatonal, la tipología de las cuadras y necesidades estacionales, como la caída de hojas, con un seguimiento mediante GPS.
La propuesta también incluye la recolección diferenciada puerta a puerta de materiales reciclables, con la participación de recuperadores urbanos y cooperativas, así como un circuito específico para residuos orgánicos, inicialmente dirigido a grandes generadores, con el objetivo de reducir el volumen de basura dispuesta de forma final.
En términos de planificación a largo plazo, el anteproyecto incluye estudios para evaluar la futura instalación de una planta de tratamiento y valorización energética de residuos, determinando su viabilidad técnica, ambiental, social y económica antes de proceder con su posible construcción.
La audiencia pública es un espacio destinado a recibir aportes y observaciones sobre los proyectos. Las condiciones definitivas de la contratación se decidirán tras este proceso, antes del llamado a licitación.
La administración actual planea iniciar el proceso de licitación en 2027, coincidiendo con un año electoral.
