El dictamen del fiscal indica que en los tribunales de Comodoro Py sigue activa la trama vinculada a la gestión de Mauricio Macri, que ahora busca archivar el caso iniciado a partir de denuncias que evidenciaron el desvío de más de un billón de pesos, cuyo único propósito debería haber sido el mantenimiento de rutas que, como es bien conocido, están en estado crítico en gran parte del país.
Lijo ha solicitado informes al Ministerio de Economía, a la Dirección de Vialidad y detalles sobre obras específicas, así como información sobre auditorías realizadas o en curso, algo que el actual Gobierno había mencionado en sus primeros meses. Los delitos en cuestión incluyen posible malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y cumplimiento deficiente de deberes.
Aunque el Gobierno mismo reconoció, a través del portavoz Adrián Ravier, que una parte significativa de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) se había utilizado para colocaciones financieras en vez de para obras, Stornelli afirmó en su dictamen que “no se advierte, siquiera con el grado de sospecha inicial requerido para impulsar una investigación penal, que los fondos” “hayan recibido una aplicación diferente de aquella legalmente autorizada, ni que hubieran sido sustraídos, apropiados o definitivamente desviados de su patrimonio de afectación”. Esta afirmación se realizó sin verificar información pública ni la legislación vigente.
La denuncia que presentó Tolosa Paz señala una “retención sistemática y el desvío de facto –desde el ejercicio 2024 y de manera continua y creciente hasta la actualidad—de los recursos tributarios de afectación específica correspondiente al SISVIAL del fideicomiso creado por el decreto 976/01”, apuntando que estos recursos, en vez de destinarse a obras y al mantenimiento de la red vial nacional, fueron masivamente utilizados para colocar inversiones financieras, incluyendo plazos fijos en la entidad fiduciaria y letras del Tesoro Nacional. Según la diputada, al 31 de mayo, más de un billón de pesos estaban “retenidos en inversiones financieras mientras las obras comprometidas contractualmente permanecen paralizadas o con avances mínimos y la red vial nacional exhibe un deterioro calamitoso…”
El fideicomiso mencionado se nutre de fondos provenientes de la Tasa sobre el Gasoil, tasas viales y el impuesto a los combustibles líquidos. Su finalidad es clara: financiar la construcción y mantenimiento de rutas, con el Ministerio de Economía como autoridad de aplicación y el Banco Nación actuando como fiduciario con una cuenta específica para este objetivo. Según la denuncia, “el esquema fiduciario fue concebido –a instancias del financiamiento del Banco Mundial—precisamente para impedir que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes del Estado”.
Stornelli, por su parte, sugiere que el Banco Nación debe actuar con la “diligencia del buen hombre de negocios”, lo que le permite tomar decisiones que considere “razonables” en relación con los fondos. En este sentido, argumenta que la colocación temporal de fondos en instrumentos autorizados por la normativa no puede interpretarse como una modalidad ilegítima de administración.
De acuerdo con información de un periodista que había investigado el caso, la denuncia revelaba que en los últimos dos años y medio el SISVIAL había recaudado 1,503 billones de pesos, pero solo 394.406 millones habrían sido efectivamente destinados a las obras viales. Esto indicaría una subejecución del 73,8%. En cuanto al destino de los fondos, se indicó que 1,001 billones estaban colocados en inversiones financieras, lo que contraviene el régimen específico establecido por diversas leyes y el decreto 976/01.
Adicionalmente, el hecho de que el Banco Nación coloque plazos fijos en su propia entidad implica que esta se financia con activos ajenos. La posibilidad de administrar excedentes no justifica una “retención estructural, creciente y sostenida durante más de dos ejercicios consecutivos” que convierta un “vehículo de pago de obras” en uno destinado a colocaciones financieras en beneficio del Tesoro y de la institución fiduciaria.
Los efectos de esta “política” son evidentes en el abandono de la red vial nacional, con más del 50% de los caminos nacionales en territorio bonaerense y un 60% en otras regiones del país en un estado de considerable deterioro.
Para ejemplificar, en su solicitud para ser querellante, Quintela señaló que estaban paralizadas las obras en las rutas 76 (Paso Internacional Pircas Negras), la nueva 73 (La Rioja – Chilecito), el túnel y ensanche de la ruta 75, y la malla 304 (rutas 38 y 79). En tanto, Tolosa Paz hizo referencia al mal estado de las rutas 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires y los peligros que conlleva, presentando además un amparo colectivo que ya fue aceptado y está en trámite ante el juez correspondiente.
La postura de Stornelli parece continuar su tendencia de alinearse con la administración actual, tal como lo hizo en el pasado con el macrismo. Recientemente impulsó una denuncia del ministerio de seguridad por supuesto espionaje para apaciguar el caso ANDIS, denunció a Quintela tras sus críticas a Milei, y ahora reaviva una causa sobre la compra de vacunas contra el Covid, argumentando que el gobierno anterior debió adquirir la vacuna de Pfizer, a pesar de que la exministra Carla Vizzoti ya indicó que el laboratorio exigía garantías que la ley no permitía otorgar.
En cuanto a las acciones del juez, Lijo solicitó al Ministerio de Economía todos los expedientes y actos administrativos relacionados con el fideicomiso desde el inicio de la gestión actual, junto con detalles sobre las colocaciones financieras realizadas con los fondos del SISVIAL. También requirió información sobre la ejecución presupuestaria de proyectos específicos en las rutas 3 y 5, así como documentos relacionados con los certificados de avance de las obras, solicitudes de fondos y actos administrativos que evidencien paralizaciones o neutralizaciones. La jefatura de Gabinete deberá remitir informes con las respuestas requeridas para el informe habitual. Además, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación deben proporcionar informes sobre auditorías y observaciones respecto al fideicomiso y a los fondos del SISVIAL desde 2024.
