La jornada transcurrió sin incidentes y los candidatos se presentaron sin impugnaciones. Asimismo, el Senado ha convocado a otra audiencia pública para el próximo martes, en la que se evaluará a otros 13 nominados por el Ejecutivo.
Los postulantes que comparecieron en la reunión de la comisión de Acuerdos buscan cubrir posiciones vacantes en los fueros de la Capital Federal y en su mayoría informaron que aceptarán los términos de los acuerdos para la transferencia progresiva de las competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, según lo establecido en la reforma constitucional de 1994.
El objetivo del oficialismo es que los más de 50 pliegos con despacho de comisión, junto a los 13 de la semana entrante, sean considerados en una sesión que se prevé convocar para el 26 o 27 de agosto. En dicha sesión se incluiría la ley hojarasca, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, así como tratados internacionales.
De esta forma, Milei tendría la posibilidad de avanzar con las designaciones de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital, un fuero que puede resultar crucial para el Gobierno, dado que revisa los fallos de primera instancia en casos de corrupción.
Se anticipa que estos jueces podrían tener que intervenir en el caso relacionado con la criptomoneda $LIBRA, así como también en la investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y por el supuesto enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Además, se presentará el pliego de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto del fuero laboral de Buenos Aires y exintegrante del tribunal de apelaciones de la AFA, candidato a juez de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones. Su caso había suscitado interés debido a su conexión con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien está siendo investigado por la gestión de la asociación de fútbol. A pesar de ello, Rubiero recibió el respaldo de los senadores oficialistas y de sus aliados.
Dentro de la comisión de Acuerdos, se coincidió con lo señalado por el radical Maximiliano Abad, quien destacó que “el rol del Senado es analizar los antecedentes y evaluar la idoneidad de los postulantes para el cargo, pero no convertirse en una nueva instancia judicial o disciplinaria sobre hechos ya abordados por los organismos competentes”.
Solo con el apoyo del oficialismo y los aliados habituales, los nominados por el Gobierno tendrían los suficientes votos para que sus pliegos sean aprobados en el recinto.
En la próxima sesión, el oficialismo también buscará dar entrada parlamentaria a aproximadamente 15 pliegos enviados por el Gobierno para ser sometidos a audiencia pública y revisión por la comisión de Acuerdos. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, había informado la semana pasada sobre el envío de 203 nuevos pliegos judiciales al Senado.
