El estudio señala una clara reducción por dos vías. Por un lado, se detecta una disminución en la cantidad de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) que han recibido las cajas de medicamentos que entrega la Nación, conocidas formalmente como “botiquines”. En el país existen alrededor de 8.100 de estos centros. Por otro lado, los botiquines se están entregando actualmente y seguirán haciéndolo de manera gradual hasta septiembre con una oferta cada vez más escueta. Además, recientes datos comunicados por Chequeado indican que el Gobierno ha destinado al Plan Remediar en 2026, $36.054 millones, lo que representa una baja del 72% en comparación con lo ejecutado en 2023, según cifras proporcionadas por la subsecretaría de Presupuesto de la Nación.
Validando la información, se ha corroborado que el vademécum del Plan Remediar comprende un poco más de 100 medicamentos diferentes. Esto puede ser comprobado en los formularios que utilizan los profesionales de salud de los CAPS, quienes deben marcar la droga dispensada cada vez que prescriben un tratamiento y entregan los medicamentos a los pacientes. Sin embargo, el trabajo del CIIPS-IECS, dirigido por el ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein, señala que la canasta de medicamentos del Remediar incluye actualmente 75 presentaciones, que se reducirán a solo 30 entre abril y septiembre de este año.
El origen de esta situación genera un intenso debate, ya que algunos funcionarios aluden a una “optimización” del recurso frente a un problema presupuestario subyacente, priorizando las patologías más prevalentes. El informe destaca que el último desembolso financiero para el Plan Remediar se llevó a cabo en 2023, lo que plantea la posibilidad de un “final de stock”.
Desde el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, se confirmó que el recorte será progresivo, señalando que “los botiquines distribuidos en abril-mayo ya contenían solo 30 medicamentos”, y que en la entrega próxima (programada para julio) se proporcionará un “botiquín de transición con 22 o 23 medicamentos a ser entregados en seis meses”.
En lo que respecta a los CAPS, las autoridades aclararon que no recibieron botiquines en las últimas entregas, contradiciendo denuncias previas que hablaban de 8.100 centros. Por el contrario, la oficialidad aseguró que solo fueron incluidos los centros que cumplieron con el envío de informes. “Los que no cumplieron fueron suspendidos o inhabilitados por falta en la rendición de reportes”, señalaron. “En la última entrega de 2025 participaron 4.131 centros”, admitieron desde Salud. La primera entrega de 2026 fue a 4.202 CAPS, pero se prevé que entre julio y diciembre de este año mantendrán la recepción de botiquines 4.200 centros.
Según la página oficial del programa, el Remediar tiene como propósito garantizar el “derecho al acceso y cobertura de medicamentos esenciales” mediante su distribución directa en los Centros de Salud. Aclaran que los botiquines incluyen medicamentos fundamentales que “cubren el 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención”, garantizando así la “cobertura de medicamentos para 19 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud”.
Este grupo de población, de menos de 20 millones de personas, representa el 41%, cifra algo inferior al 44% reportado por el Observatorio de la Deuda Social de la UBA (ODSA-UCA). El programa abarca, o abarcaba, una variedad de medicamentos incluyendo analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, fármacos cardiovasculares, corticoides, medicamentos ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas, según lo descrito en la web del Ministerio de Salud.
La justificación del Gobierno respecto a estos cambios está alineada con un viraje a partir de 2024, buscando transferir a las provincias la responsabilidad y competencias sobre esta y otras coberturas, bajo el principio de que la salud es, por definición constitucional, una cuestión de las provincias. Sanitaristas han expresado opiniones encontradas sobre este enfoque, subrayando que la Constitución nacional también otorga responsabilidades al Estado nacional, el cual debe proteger la salud de la población, tal como lo establece, entre otros, el artículo 42.
Desde el círculo cercano a Lugones, se sugiere que la decisión de discontinuar el Plan Remediar en la forma en la que existió durante 20 años —cuando fue un salvavidas para miles de personas en la poscrisis de 2001— se está llevando a cabo en coordinación con las provincias “desde hace meses”, para asegurar un tiempo razonable para que estas organizen licitaciones y se abastezcan de los medicamentos necesarios. Argumentan que “los medicamentos que ya no se incluirán en el Plan Remediar son de bajo costo, algunos incluso de venta libre, como antihistamínicos y analgésicos. Cada jurisdicción puede adquirirlos, tomando en cuenta las enfermedades predominantes en su población y las particularidades de cada región”.
“Es indispensable que las provincias asuman una mayor responsabilidad sobre la atención primaria en sus territorios”, porque “tienen un rol primario en la atención, mientras que la Nación debe coordinar, complementar y sostener lo que le corresponde por ley. Priorizar no significa recortar, sino establecer criterios para garantizar la sostenibilidad del sistema”, añaden.
El informe de CIIPS reclama que el Gobierno no comunicó formalmente los cambios del programa. Contrariamente a la idea de un “relanzamiento”, gran parte de la información contenida en el documento se basa en declaraciones extraoficiales de autoridades de salud provinciales.
Algunos ministros de provincias específicas informaron en marzo-abril que la cartera nacional les había dado a entender la llegada de un nuevo paradigma para el Remediar en el marco de la reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA) de marzo pasado. Sin embargo, no se ha podido corroborar esta información debido a que las actas mensuales correspondientes a 2026 de dicha reunión aún no están disponibles para el público.
Consultados sobre esta cuestión, desde Salud reconocieron existencias de demoras, indicando que las actas se envían a cada provincia, donde deben ser revisadas y devueltas con sugerencias. Se espera que las tres primeras actas de 2026 sean distribuidas en los próximos días, pero al cierre de este informe aún no se había concretado.
En contraste, sí se encuentran disponibles las actas de años anteriores. En la acta de septiembre de 2025 es la única que menciona la palabra “Remediar” durante ese año. De hecho, no parece haber transcurrido demasiado tiempo (como indicaron fuentes oficiales) desde que los ministros tuvieron conocimiento de que tendrían que recurrir a un plan B para compensar las compras nacionales. En dicha reunión, en lugar de notificar sobre recortes en el Remediar, funcionarios nacionales ofrecieron tranquilidad al manifestar que “los programas SUMAR y Remediar continúan sin cambios estructurales”.
En diálogo con Camila Volij, médica investigadora del IECS-UBA y coautora del informe mencionado, se expresó preocupación por las desigualdades interprovinciales resultantes de los recortes de este programa, bajo la premisa de atender a las necesidades epidemiológicas específicas de cada sector.
Volij subrayó que no es posible evaluar con precisión cómo afectará la reducción a cada provincia, ya que la capacidad de compensar la falta dependerá de los recursos financieros de cada una. El informe también señala que “las jurisdicciones responden de manera muy desigual”, lo que refleja la brecha fiscal y de capacidad institucional que el Programa buscaba abordar.
Los autores del informe también destacaron una enorme “dispersión” en la disminución de los tratamientos otorgados a través del Remediar. Por “tratamientos”, Volij aclara que se refiere a cada comprimido o jarabe que un paciente necesita para tratar una afección médica específica.
De acuerdo con un cuadro comparativo del informe, entre 2024 y 2025, la mayor reducción en la cobertura de tratamientos mediante el Remediar se registró en Chaco, con una disminución del 72,4%. Le siguen Salta, con un 70% menos; y Mendoza, con un 64,5% menos, encabezando la lista de provincias con los recortes más severos, junto a Santiago del Estero y Misiones. En el extremo opuesto, con recortes menos drásticos, están Córdoba, con una disminución del 31,3%; Santa Cruz, con el 29,4%; y Río Negro, con apenas un 2,3%.
El informe también destaca (basándose en declaraciones extraoficiales) que una provincia denunció recibir solamente un tipo de antibiótico, el cual además fue entregado únicamente en formato pediátrico (jarabe). Desde septiembre, el botiquín se conformará por solo tres variedades de medicamentos cardiovasculares: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina.
Volij recordó que “no todos los pacientes requieren losartán con amlodipina. Algunos solo necesitan uno de esos agentes activos, y en el vademécum del Remediar hay muchas otras opciones disponibles”.
Al respecto, el Ministerio de Salud indicó que en seis meses, en enero de 2027, se entregará un “botiquín de Prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares”, que incluirá antihipertensivos como losartán, candesartán y amlodipina, y estatinas como rosuvastatina y atorvastatina, además de hidroclorotiazida como diurético y aspirina. También especificaron que la canasta total de medicamentos del Plan Remediar “entre julio y diciembre de 2026” consistirá en 22 medicamentos, entre los que se encuentran antibióticos, hipoglucemiantes orales, antihipertensivos y anti-asmáticos.
Aunque estos medicamentos sean considerados de bajo costo y accesibles para las provincias, Volij expresó su preocupación al señalar que, según información reservada que ha recibido desde las provincias, “no puede ser que dejen de entregar todos los pediátricos, y que no se mantengan disponibles los suplementos de hierro, o lo que corresponde a la atención durante el embarazo”.
Volij concluyó su intervención recordando que hay un pedido de informes por parte de un sector de legisladores opositores solicitando claridad al Gobierno sobre el estado actual y futuro del Plan Remediar. Asimismo, enfatizó: “Se les dice a las provincias que pueden financiar todos los tratamientos que se eliminarán, pero consideramos que esto tendrá un impacto significativo en el bolsillo de la gente. El efecto será una carga para los ciudadanos. Así, es probable que el resultado de esta drástica reducción en el primer nivel de atención se traduzca en un colapso en el segundo nivel, generando un problema adicional para los hospitales.”
