El proceso se encuentra en su etapa final: los alegatos han finalizado y la lectura de las últimas palabras de los acusados está prevista para el 8 de julio. Tras ello, el Tribunal deberá anunciar el veredicto para los cuatro altos mandos de la Armada imputados: Luis López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa.
Según las representantes de las familias de las víctimas, en los últimos días, diversos medios nacionales han publicado artículos que repiten los argumentos presentados por las defensas. “No es casualidad. Es presión. Y la denunciamos”, aseguraron. Las abogadas argumentaron que hay una estrategia destinada a transmitir que “no se sabe qué ocurrió” con el submarino, sugiriendo que no debería haber condenas, afirmación que rechazaron de manera categórica al señalar que “eso es falso”.
En este contexto, recordaron que la evidencia recopilada durante la investigación ha sido analizada en diversas instancias judiciales y administrativas. Recordaron que en enero de 2020 se dictó el procesamiento de los acusados basándose en dicho material, que fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en noviembre del mismo año, y que el Consejo de Guerra de la Armada Argentina determinó que existían suficientes elementos para la destitución de oficiales superiores. “No se requiere prueba nueva. Lo que necesitamos es que el Tribunal no se rinda ante la presión”, subrayaron.
Carreras y Arias también criticaron la estrategia defensiva utilizada a lo largo del juicio. Aseveraron que, en los más de ocho años desde la tragedia, las explicaciones han variado: desde una supuesta apertura accidental de una válvula, hasta la imputación de responsabilidades a la tripulación y al comandante fallecido, incluyendo comparaciones con figuras de la mitología griega. “Todo, menos asumir sus actos y omisiones”, afirmaron.
En una parte del comunicado, señalaron que se está ejerciendo presión sobre los integrantes del Tribunal “utilizando el poder institucional que los acusados aún poseen”. En contraposición, afirmaron que representan a suboficiales y familiares de las víctimas “sin apoyos políticos, sin recursos económicos”, muchos de ellos provenientes de distintas provincias, que llevan más de ocho años reclamando justicia.
Finalmente, las abogadas precisaron que el proceso no apunta contra la institución naval, sino que busca establecer las responsabilidades por la muerte de los tripulantes: “Este juicio no se dirige contra la Armada Argentina. Es en memoria de 44 hombres de la Armada Argentina que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores”.
El comunicado se cierra con un mensaje a los acusados y a la sociedad: “No nos subestimen. El mar no los hundió. Fueron los hombres. Y deben ser condenados”.
