Este documento proporciona por primera vez información específica sobre la manera en que Bruselas planea gravar este sector como una nueva fuente de financiación para el presupuesto europeo, justo antes de las conversaciones sobre el presupuesto comunitario a largo plazo. Entre las propuestas se incluye un impuesto sobre las transacciones de criptoactivos, algo que actualmente no se aplica en ninguno de los países de la Unión, así como un impuesto sobre las ganancias de capital obtenidas por los inversores.
De acuerdo con el documento, la opción más lucrativa sería un impuesto sobre las operaciones con criptomonedas. La Comisión Europea estima que “un impuesto sobre transacciones con criptoactivos podría generar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en ingresos anuales para el presupuesto de la UE para 2025”.
La propuesta sugiere una tasa del 0,1% aplicada al valor de cada transacción y contempla a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) como posibles encargados de la recaudar y reportar. En el caso de un impuesto sobre ganancias de capital, la recaudación sería inferior, con estimaciones de entre 1.000 y 2.400 millones de euros anuales, dependiendo de las condiciones del mercado.
Uno de los puntos destacados en el documento es que las stablecoins, que son utilizadas como medio de pago, estarían exentas de un impuesto sobre transacciones. Las stablecoins son tokens emitidos mediante contratos inteligentes en una blockchain y su valor está relacionado con activos externos, como monedas nacionales o metales preciosos.
A pesar de las proyecciones de ingresos, el documento también resalta los desafíos que enfrenta tal iniciativa. Uno de los más significativos es la falta de datos fiables. “El mercado de criptomonedas sigue siendo imposible de cuantificar de manera consistente entre los Estados miembros de la UE”, admite el texto. Además, la Comisión informa que “el potencial de ingresos de ambas opciones probablemente será volátil”, subrayando las grandes fluctuaciones en precios y volúmenes negociados. También se menciona que el comportamiento de los usuarios podría afectar este potencial, ya que “el riesgo de que la actividad se desplace hacia jurisdicciones no pertenecientes a la UE” podría influir en los ingresos fiscales.
En este momento, la iniciativa se encuentra en una etapa muy preliminar. El documento filtrado no constituye una propuesta legislativa, y cualquier avance requeriría superar importantes barreras políticas y legales. No se especifica cómo se distribuiría la recaudación, aunque la iniciativa se concibe como un posible “recurso propio” de la Unión Europea, destinado a financiar su presupuesto. Además, no está claro si los Estados miembros actuarían solo como recaudadores de esta contribución o si el nuevo esquema coexistiría con los impuestos nacionales sobre criptoactivos.
Así, aunque el documento indica que Bruselas está considerando formas concretas de gravar los criptoactivos, todavía no hay garantías de que estas propuestas se conviertan en ley.
