La Fundación por la Paz y el Cambio Climático ha trasladado esta denuncia penal, en la que se reclama investigar una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación de la Hidrovía. Esto incluye acusaciones dirigidas contra funcionarios nacionales, así como empresarios y compañías implicadas en el dragado del Paraná.
Entre los implicados se encuentran Santiago Caputo, Luis Caputo, Gastón Benvenuto e Iñaki Arreseygor, así como las empresas Jan De Nul y grupo Neuss, entre otros.
La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, presidente de la fundación, y la abogada Marcela Scotti. En su contenido, se menciona una supuesta “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y se solicita investigar presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.
De acuerdo con el documento, esta maniobra estaría vinculada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, estimándose que su impacto negativo ascendería a “u$s7.000 millones”.
La presentación sostiene que “la planificación estratégica se sitúa en la órbita de Santiago Caputo”, bajo la “supervisión jerárquica de Luis Caputo”, mientras que la “ejecución administrativa” recaería sobre Benvenuto e Iñaki Arreseygor.
Un punto central de la denuncia es la supuesta elaboración de un pliego “a medida” para beneficiar a la empresa Jan De Nul, que actualmente opera el dragado.
El texto indica que “la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica”, especialmente la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, lo que, según los denunciantes, “garantiza un oferente único”.
“Es una licitación con un solo corredor”, sostiene el escrito, que agrega: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.
La denuncia también cuestiona el esquema de cobro del peaje. Los denunciantes sugieren que el Gobierno pretende que el concesionario privado recaude directamente los ingresos de la Hidrovía, excluyendo a la Administración General de Puertos (AGP). “Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, afirmaron los denunciantes.
En un apartado adicional, el escrito asegura que “si algo funciona y da superávit, ¿por qué lo querés privatizar de nuevo? La única respuesta es la caja”. También añade: “El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”.
La denuncia judicial menciona, además, supuestas reuniones.
