De acuerdo con el informe, el consumo de cigarrillos fuera del circuito legal alcanzó un 31,9% del volumen total en 11 países, incluyendo Argentina, México, Perú, Paraguay, Panamá, Brasil, Ecuador y Canadá. Esto significa que uno de cada tres cigarrillos consumidos en la región es de procedencia ilegal.
La investigación se centra en el análisis de este fenómeno entre 2021 y 2025 y señala que durante el último año se consumieron alrededor de 77.000 millones de cigarrillos ilegales. Este consumo representa una pérdida fiscal estimada de USD 8.500 millones para los gobiernos, reflejando un aumento del 17% respecto al período anterior.
En el caso de Argentina, el consumo total de cigarrillos está estimado en aproximadamente 36.000 millones de unidades anuales, de las cuales cerca de 3.900 millones son del mercado ilegal. Esto representa un 10,7% del total consumido, una proporción que se ha mantenido relativamente constante desde 2021.
La pérdida fiscal correspondiente a esta actividad en el país es de USD 332 millones, lo que pone de manifiesto el impacto directo en los recursos estatales.
El informe también resalta la presencia de marcas C&C (falsificadas o de contrabando) que han mantenido una participación entre el 10% y el 11% en el mercado ilícito en los últimos años.
Asimismo, se establece una conexión clara entre el comercio ilegal de cigarrillos y el crimen organizado. Un operativo reciente en Argentina logró desarticular una red transnacional dedicada a la producción clandestina a gran escala, según se ha informado.
La operación, liderada por el Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, el Fiscal Federal, Pedro Rebollo, y el Auxiliar Fiscal, Matias Sosa, mostró un impacto económico significativo, con activos incautados valorizados en USD 8 millones, que representa aproximadamente el 25% del mercado ilegal de cigarrillos en el país.
A raíz de esta investigación, se llevaron a cabo 24 allanamientos simultáneos en cinco provincias, entre ellas Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, San Luis, San Juan y Mendoza.
La organización operaba desde una planta clandestina en San Luis, donde se producían cerca de 80.000 paquetes de cigarrillos diariamente, sumando más de 35 millones de atados al año. Estos productos incluían copias de marcas originales, violando la legislación vigente.
Durante los operativos, se identificaron también situaciones de trata laboral, con trabajadores extranjeros en condiciones irregulares y sometidos a explotación.
