El frente fiscal en Argentina atraviesa un momento desafiante para el Gobierno. Según los últimos datos oficiales, la recaudación de impuestos cayó de manera ininterrumpida durante los últimos siete meses. En febrero, los ingresos sumaron $16,2 billones, lo que representa una caída real de entre el 10% y el 13,1% en comparación con el año pasado.
Este retroceso no es una sorpresa para la cartera que conduce Luis Caputo. Desde la gestión libertaria sostienen que la menor recaudación de fondos responde a dos factores: la recesión actual y la decisión política de reducir la carga tributaria eliminando impuestos como el Impuesto País. Sin embargo, la velocidad del deterioro preocupa a los analistas, ya que los ingresos caen mes a mes. Lo alarmante de este escenario no es solo que afecta a las arcas nacionales, sino que profundiza la crisis en las provincias.
Menos consumo y menos fondos para las provincias
El dato más crítico de este informe es el derrumbe del IVA, el impuesto que mejor refleja el consumo de los argentinos. Este tributo perdió 21 puntos interanuales frente a la inflación. Esto confirma que el parate económico está ganando velocidad y que los salarios deteriorados están dejando una marca profunda en las arcas del Estado.
Esta situación impacta directamente en las 24 jurisdicciones del país. Al ser el IVA un impuesto coparticipable, las provincias están recibiendo muchos menos recursos en un momento donde la demanda social crece. De hecho, el primer bimestre de 2026 se perfila como el segundo peor desde 2018 para las transferencias a las provincias.
El ajuste no se negocia: la estrategia de Milei
Pese a este escenario de menores ingresos, el Poder Ejecutivo ratificó que el plan de ajuste del gasto seguirá adelante. Para los libertarios, el equilibrio fiscal «no se negocia». Aunque la recaudación baje, el Gobierno apuesta a mantener el superávit del Tesoro mediante un control estricto de los desembolsos oficiales.
En cuanto a la inflación, que en febrero registró un 2,9%, el Ministerio de Economía le restó dramatismo. Sostienen que el aumento se debe a la «corrección de precios relativos» en tarifas de luz, gas y agua, y no a un problema monetario. Por eso, aseguran que no es necesario endurecer más la política monetaria en este momento.
Finalmente, las autoridades mantienen el optimismo sobre el futuro cercano. Basándose en datos preliminares, en el Palacio de Hacienda creen que la actividad económica habría tocado fondo en noviembre de 2025. Los indicadores de diciembre y los primeros meses de 2026 mostrarían una «leve recuperación» que el Gobierno espera consolidar sin sacrificar el orden de las cuentas públicas.
